Los seis empleados ferroviarios que están acusados de causar el choque de trenes de la línea San Martín en el barrio porteño de Palermo en mayo de 2024 irán a juicio oral tras un pedido de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°6.

El fiscal Carlos Rívolo pidió que seis empleados ferroviarios vayan a juicio por su responsabilidad en el choque de dos formaciones sobre las vías de la línea San Martín en Palermo el 10 de mayo de 2024.

De acuerdo al escrito presentado, como consecuencia de la colisión 61 personas resultaron heridas, dos de ellas con lesiones graves. Además, el material rodante y la infraestructura del ferrocarril sufrieron “severos daños”.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, Nahuel Alejandro Morales, Mariano Ignacio Filangieri, Damián Bartoletti Renzi, Leandro Martínez, Javier Armando Silvero y Alfredo Gómez deben ser considerados responsables del delito de “estrago culposo agravado por resultar personas lesionadas”.

Según lo previsto en el artículo 196 del Código Penal, dicha acusación prevé una pena que va de 1 a 5 años de prisión.

“La colisión acaecida no fue el resultado del comportamiento imprudente de un solo agente ferroviario. En cambio, fue producto de la culpa concurrente y los riesgos irregularmente generados por cada una de las personas señaladas mediante sus violaciones a los deberes objetivos de cuidado, que lejos de girar en el vacío, se orientan hacia la seguridad y prevención de accidentes”, remarcó el fiscal Rívolo.

A su vez, se incluyó el informe realizado por Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE), que consta en la causa, donde se detalla que el gasto del operativo realizado para el restablecimiento del servicio, que va desde obras civiles, reparación de señales, vías, infraestructura, hasta el puente, ascendió a 824.032.606 pesos más IVA.

Mientras que el valor estimado para la reparación y reposición del material rodante afectado fue de 4.333.500 dólares, también más IVA.

Análisis de la investigación

“La colisión se produjo por una concurrencia de circunstancias, en las cuales las omisiones al deber de cuidado propio del oficio de cada uno de los acusados, significó el incremento del riesgo que se materializó en el resultado”, marcó el fiscal Rívolo.

En el requerimiento a juicio, se describió la situación de la línea y como se vio afectado el sistema de señales por los robos de cables que hubo: “Ese contexto explicó por qué el día del incidente, el servicio no podía ser operado mediante el sistema automático y por qué, en esa área, la circulación de trenes era operada bajo el sistema de bloqueo absoluto”.

“Asimismo, permite dimensionar la manera en que las tareas de mantenimiento se veían continuamente afectadas por la constante aparición de nuevos episodios, lo que motivó que desde la empresa se analizaran nuevas opciones para prevenir y solucionar el problema, como reforzar la seguridad en esa zona de la traza, reparar cercos olímpicos, y la protección de los cables y los abrigos de señales mediante distintos mecanismos”, puntualizó.

Para el fiscal, la colisión ocurrida entre las formaciones 3021 y 3353 tuvo diversas causas y fue producto de las distintas infracciones al deber de cuidado que llevaron adelante los seis imputados.

“Como agentes del sistema ferroviario, tenían la obligación de velar por mantener la circulación de los trenes dentro de los estándares de seguridad que regulan la actividad. Cada uno de ellos, con su comportamiento imprudente, incrementó los riesgos inherentes a ese medio de transporte, peligros que se materializaron en el resultado lesivo que justificó este proceso penal”, argumentó.

NA