Comerciantes y vecinos se quejaron por deficiencias en el servicio. El ombudsman local se reunió con representantes de la empresa, quienes les aseguraron que las falencias fueron corregidas.

El ombudsman local expuso que los compradores deben asegurar que quien vende es el verdadero dueño y que para alegar la adquisición mediante buena fe se deben dar una serie de pautas.

Así lo definió el juzgado N°4 de La Plata. Desde la Obra Social señalan que los tratamientos en esa institución «está garantizada». La Defensoría del Pueblo había presentado una cautelar ante quejas de afiliados por falta de atención.

El organismo presentó su informe anual donde resaltan las atenciones y asesoramiento por rubros que prestaron durante el 2021. Del total de casos recibidos en servicios públicos, el 69% estuvieron relacionados con la empresa de energía.

Apuntan a detectar casos de maltrato en sistemas educativos, clubes y asociaciones civiles. La propuesta, del Defensor del Pueblo bonaerense, se da luego del brutal asesinato de un niño en La Pampa.

El organismo advirtió sobre engaños sobre todo por medio de perfiles falsos en redes sociales. Guía de recomendaciones para evitar malos momentos.

Se multiplica la modalidad de ciberdelito, que busca hacerse de datos bancarios u otra información sensible. Los engaños también se realizan mediante llamadas telefónicas.

La firma expuso que continuará atendiendo de modo virtual, por lo que se han extendido los trámites digitales. La Defensoría del Pueblo y la Cámara de Comercio habían reclamado que siga funcionando.

Se trata del Consumo no Registrado, que la prestataria podía incluir sin aviso al cliente, lo que disparaba los montos a pagar. Se aplicaba cuando se detectaban diferencias en la energía utilizada entre períodos.

La medida también alcanza a EDESUR, e implica una multa de 55 millones de pesos, por no darle respuesta a casi 7 mil reclamos de clientes de ambas prestatarias. En Pilar, el cobro de "recupero de energía" se había traducido en boletas de hasta 220 mil pesos.

El ENRE estableció la medida tras cientos de quejas por boletas con valores altísimos que llegaban a vecinos, muchos de ellos de Pilar, donde incluso intervino la Defensoría del Pueblo.