Operativos presenciales de AFIP en 51 restaurantes arrojaron desvíos de facturación de hasta 100% respecto a lo declarado y 266 trabajadores de 635 relevados con irregularidades.
En una serie de operativos llevados adelante en locales gastronómicos de alta gama, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) constató que los establecimientos habían omitido declarar ventas por 2.100 millones de pesos y mantenían al 42% sus empleados con inconsistencias en su registración.
El organismo conducido por Carlos Castagneto puso sus ojos en los restaurantes de alta gama y detectó numerosas irregularidades impositivas y previsionales. Tras cruzar ventas declaradas con ventas informadas por las tarjetas de crédito se detectaron diferencias significativas que llevaron a controles presenciales.
Las áreas especializadas de la Dirección General Impositiva (DGI) y de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) habían advertido en 51 restaurantes frecuentados por público de alto poder adquisitivo que las ventas declaradas y las informadas por las tarjetas de crédito tenían diferencias. En otros casos, tenían ingresos inferiores a sus costos operativos. Ante esta situación, la AFIP notificó a estos contribuyentes de gran relevancia fiscal para que regularicen su situación.
Las tareas de fiscalización y control se complementaron con inspecciones presenciales que permitieron comprobar desvíos de hasta 100% respecto a lo declarado. En ese sentido, la omisión de las ventas asciende a 2.100 millones de pesos. Ante la evidente violación de las normas de facturación, los agentes del organismo labraron 37 actas de infracción, consignó la agencia NA.
Por otro lado, se relevaron un total de 635 trabajadores, de los cuales el 42% presentaba algún tipo de irregularidad.
Estas acciones se encuentran coordinadas y planificadas en el marco de las tareas de control que desplegadas en lo que va 2023 y tienen como propósito proteger los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores para fomentar la inclusión laboral y al mismo tiempo generar mayor percepción de riesgo entre los empleadores, induciéndolos a cumplir con la normativa vigente tanto en materia de seguridad social como impositiva.
