La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), entre ellos la Defensoría del Pueblo de Pilar, manifestó su firme rechazo ante la posibilidad de que se vete la Ley de Financiamiento Universitario, la cual fue aprobada recientemente por el Congreso con amplia mayoría. Según la ADPRA, "esta ley constituye una herramienta fundamental para la recomposición del presupuesto de las universidades nacionales", en un contexto en el que las instituciones educativas enfrentan una situación de emergencia presupuestaria.

El veto, de concretarse, podría comprometer gravemente el correcto funcionamiento de las universidades, afectando no solo los compromisos salariales, sino también los derechos de estudiantes y docentes. "La actualización del presupuesto universitario en función de la inflación acumulada [...] permitirá garantizar no solo el funcionamiento básico de las universidades, sino también el derecho a una educación superior de calidad para miles de estudiantes", expresó la ADPRA en un comunicado conjunto firmado por más de 30 defensores del pueblo de todo el país.

Asimismo, las defensorías advirtieron que la falta de financiamiento adecuado pondría en riesgo actividades esenciales como la investigación y la transferencia de conocimiento, fundamentales para el progreso científico y tecnológico de la Argentina. "Nos preocupa profundamente el impacto que esta decisión podría tener en la calidad educativa", señalaron.

Los defensores pidieron reconsiderar la decisión de vetar la ley y abogaron por un sistema de financiamiento que fortalezca el sistema educativo sin generar un desajuste en las cuentas públicas.

Entre los firmantes, además del defensor de Pilar, se encuentran María Rosa Muiños (CABA), Enrique Pochat (Morón), Rafael Sachetto (Villa María), entre otros.