La Justicia federal ordenó al Gobierno nacional aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y suspendió, en forma cautelar, los efectos del decreto que había frenado la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles.
La medida fue dispuesta por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, a cargo del juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades del sistema universitario, según confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.
En su resolución, el magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025 en el punto en que supeditaba la ejecución de la ley 27.795 a la definición previa de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso. De acuerdo con el fallo, al que accedió la agencia Noticias Argentinas, esa suspensión resulta —en esta instancia preliminar— arbitraria y contraria a la Constitución.
Cormick sostuvo que, tras la insistencia legislativa de ambas cámaras prevista en el artículo 83 de la Constitución Nacional, “no admitiría, a priori, una variante suspensiva” para la promulgación y aplicación de la norma.
La cautelar ordena al Estado nacional cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las partidas destinadas al pago de salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. La medida tendrá vigencia hasta que se dicte la sentencia definitiva.
Fundamentos del fallo
En los considerandos, el juez advirtió que el incumplimiento del deber normativo provoca “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al señalar la pérdida sostenida del poder adquisitivo del colectivo alcanzado. Además, indicó que esa situación compromete derechos laborales protegidos por la Constitución y por tratados internacionales de derechos humanos.
La resolución también desestimó el argumento de interés público planteado por el Ejecutivo y remarcó que el deterioro salarial impacta no solo en los trabajadores universitarios, sino también en el derecho a enseñar y aprender. En ese sentido, puntualizó que el eventual ahorro fiscal tendría una incidencia acotada, estimada en torno al 0,23 % del PBI.
Asimismo, el fallo cuestionó la medida del Gobierno por entender que podría vulnerar el principio de división de poderes, al intentar condicionar la vigencia de una ley insistida por el Congreso mediante una norma de jerarquía inferior.
Finalmente, el juez aclaró que la decisión se adopta en una etapa preliminar del proceso y no implica adelantar opinión sobre el fondo del asunto, aunque consideró acreditados los requisitos legales para conceder la cautelar y ordenar el cumplimiento inmediato de la ley.
