La Justicia Federal de Campana autorizó el funcionamiento parcial de la termoeléctrica ubicada en Villa Rosa, operada por SCC Power Argentina S.A., en medio de la fuerte oposición de los vecinos y del Municipio de Pilar, que rechazaron la continuidad de la actividad debido al impacto ambiental y su cercanía con zonas residenciales.

Según la resolución, la Central Matheu III podrá operar de forma provisoria, con un máximo de dos turbinas y solo entre las 9 y las 21 horas, durante un plazo de tres meses, es decir desde noviembre, hasta fines de enero.

La medida se fundamentó en la emergencia energética declarada por la Ley 27.742 y en informes de CAMMESA y de la Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico, que advirtieron sobre el riesgo de cortes en el norte del AMBA y en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

La decisión judicial rechazó el pedido de la empresa de operar fuera del horario autorizado al considerar que no presentó una justificación suficiente para extender el esquema de funcionamiento.

La disposición incluyó además un requerimiento a SCC Power Argentina para que, en un plazo de 30 días, presente avances concretos del plan de desmovilización de la Central Matheu III, incluido el estado de las gestiones ante organismos competentes, el nivel de ejecución de las tareas y los plazos previstos para su finalización.

El fallo también ordenó a la Municipalidad de Pilar realizar controles periódicos de fiscalización sobre la planta durante el período autorizado y remitir los informes al tribunal.

La postura del Ejecutivo local fue coincidente con la de las asociaciones vecinales, ya que el municipio manifestó su oposición a la continuidad del funcionamiento de la termoeléctrica.

Las organizaciones vecinales sostienen desde hace años que la central funciona en una zona rodeada de áreas residenciales, y que genera ruidos y vibraciones, además de representar un riesgo ambiental y sanitario para la comunidad.

La planta ya había sido objeto de acciones judiciales, reclamos administrativos y medidas temporales de restricción, además de anuncios previos de un supuesto cierre y desmantelamiento progresivo, que los vecinos denuncian como incumplidos.

La autorización otorgada por la Justicia mantiene vigente el conflicto entre los residentes del área, que exigen el cese definitivo de la operación, y la empresa, que argumenta la necesidad de sostener la generación eléctrica en un contexto crítico para el sistema energético.

Repudio

Por medio de un comunicado conjunto, las organizaciones 1810 y Juvevir mostraron su descontento para con la medida.

“La Justicia vuelve a fallarle a los vecinos de Pilar y Escobar. El juez federal Adrián González Charvay volvió a conceder una nueva prórroga de tres meses a las empresas SCC Power (ex Stoneway) (…) en un fallo que resulta tan injustificado como preocupante. La resolución judicial se dictó a pesar de que la Autoridad del Agua (ADA) no respondió dentro de los plazos, que la OPDS tampoco contestó, y que tanto el Municipio de Pilar como el Ministerio Público Fiscal se opusieron enfáticamente a la extensión del permiso”, sostuvieron.

“Tanto JUVEVIR como 1810 Vecinos Unidos por Pilar presentaron recientemente una exposición conjunta impecable, en la que se aportaron todos los argumentos técnicos, ambientales y jurídicos que justificaban rechazar cualquier nueva prórroga. Sin embargo, una vez más, el juez eligió ignorar las evidencias y el reclamo de los vecinos. Este fallo constituye un nuevo golpe a la confianza ciudadana en la Justicia. Una vez más, vemos cómo el poder judicial se muestra débil frente a los intereses empresariales y políticos, y no tiene la valentía necesaria para poner fin a una situación que afecta gravemente la salud, el ambiente y la calidad de vida de miles de vecinos de Pilar, Matheu y zonas aledañas”, añadieron.

A su vez, las entidades expresaron su “más enérgico repudio a esta decisión judicial, que desconoce el principio precautorio ambiental y la voluntad de las comunidades que desde hace años vienen exigiendo el cese definitivo de las plantas termoeléctricas ilegales”.