La Diputada provincial Lucía Portos presentó el proyecto para que Buenos Aires adhiera a la denominada Ley Micaela.
Se trata de la legislación que busca la “formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública”.
El texto (ley 27.499) fue sancionado a fines del año 2018 y lleva el nombre de Micaela García, una joven de 21 años que militaba en la agrupación Movimiento Evita de Gualeguay, Entre Ríos.
La joven salió una noche a bailar y ya no volvieron a verla. Tras siete días de intensa búsqueda, la encontraron muerta. Micaela fue víctima de uno de los 295 femicidios registrados en 2017.
Portos, de Unidad Ciudadana, sostiene que “en el marco del crecimiento del movimiento de mujeres en Argentina gracias al cual las manifestaciones más brutales de violencia patriarcal tomaron mayor resonancia política, se logró visibilizar la ausencia de medidas y programas del Estado en razón de cumplir con sus compromisos internacionales sobre este tema”.
Esa presión social de las mujeres organizadas consiguió llevar al Congreso de la Nación el proyecto que tiene por objeto principal: “capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado, sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones”.
Para Portos la capacitación no puede ser entendida “como una mera elección de preferencia personal, sino a los fines de dar cumplimiento a un deber que asumió el Estado argentino al firmar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”.
Esta Convención establece que los Estados parte fomentarán “la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer”.
“Resulta necesario que en los tres poderes que integran el Estado de la Provincia de Buenos Aires se lleve adelante la sensibilización y capacitación con perspectiva de género, entendiendo que implica un paso previo indispensable para que se aborde de forma adecuada la gestión de políticas de prevención y asistencia para erradicar la violencia de género en todos sus aspectos”, sostiene la diputada.
Los gastos que demande la presente ley se tomarán de los créditos que correspondan a las partidas presupuestarias de los organismos públicos de que se trate.
“Con el propósito de cumplir con el objeto de esta ley, deberá también asignarse partidas presupuestarias razonables y suficientes, dado que sin un instrumento acorde las leyes que se sancionan en las cámaras legislativas serán enunciados declarativos con un mero valor simbólico”, cerró Portos.
Qué implica la ley
Formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública, sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones.
La capacitación obligatoria abarca los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y organismos descentralizados.
El plan de capacitación estará a cargo el Instituto Nacional de la Mujeres, que dirige Fabiana Túñez, y el Ministerio de Modernización.
Los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Todos los agentes del Estado deben cursar y aprobar todos los años la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.
