La Cámara Federal de San Martín confirmó los procesamientos del exintendente Nicolás Ducoté y de varios de sus exfuncionarios, en el marco de una serie de causas que se les sustancian por presuntos hechos de corrupción.

El exjefe comunal y excolaboradores durante su intendencia, como Juan Pablo Martignone, Federico Leonhardt, Guillermo Iglesias, Sandra Sosa y Osvaldo Nicolás Caccaviello, entre otros, habían sido procesados por el Juez Federal de Zárate – Campana Adrián González Charvay, decisión que había sido apelada por los implicados al entender que era prematura y no sin que correspondiera a ese Juzgado el intervenir en las causas, sino el fuero provincial.

En un fallo que se conoció en la jornada, la Cámara confirmó la resolución de Charvay, por lo que las actuaciones, por el momento, seguirán en sus manos, aunque no se descartan otras vías superiores de apelación.

Los jueces Alberto Lugones, Marcos Moran y Néstor Barral sostuvieron que los implicados “efectuaron sus aportes para lograr la desviación de recursos girados desde el ex Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación a la Municipalidad de Pilar en favor de terceros y en perjuicio de la Administración Pública Nacional”.

“Esas maniobras se llevaron a cabo mediante cuantiosas aplicaciones de recursos y la concreción de los acuerdos necesarios para justificar con obras inexistentes o comisiones indebidas la aplicación de sumas millonarias de dinero por las cuales ni el Estado ni la sociedad se vieron beneficiados”, reza la resolución a la que tuvo acceso Pilar de Todos (ver al pie de la nota).

“Lejos de efectuar una correcta distribución de los recursos que les fueron girados desde las arcas nacionales, los funcionarios municipales, discrecionalmente, generaron gastos y costos que conllevaron la distracción de importantes sumas de dinero destinadas a los ciudadanos del Municipio de Pilar, en manos de terceros”, añade.

Ducoté y sus exfuncionarios se encuentran procesados por los delitos de Malversación de Caudales Públicos y Violación  de los deberes de funcionario público”, por tres hechos.

Dos de ellos tienen que ver con el pago de obra pública en los barrios Peruzzotti y Monterrey que no se ejecutó de acuerdo a los montos pagados según las investigaciones, por unos 140 millones de pesos.

Y la otra relacionada con la entrega ilegal de microcréditos que se concretó durante la gestión de Cambiemos, programa nacional que destinó al distrito 300 millones de pesos.

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