La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó varias irregularidades en la ejecución de obra pública en Pilar durante la gestión del exintendente Nicolás Ducoté, de Cambiemos.

Se trata de labores que comenzaron en 2017, mediante el Plan Nacional de Hábitat, del Ministerio del Interior.

Los trabajos preveían mejoras en varios barrios de Pilar, donde se ejecutarían labores en plazas, la construcción de corredores aeróbicos, asfaltado, redes de agua y luminarias, entre otros aspectos.

Uno de esos barrios beneficiados con el plan fue Monterrey, al que originalmente se le destinaron unos 140 millones de pesos en total, fondos que luego se ubicaron en 120 millones.

Sin embargo, pese a que el propio gobierno de Ducoté admitió en varias oportunidades que se habían percibido casi 90 millones de pesos por parte del gobierno Nacional, desde la oposición en aquel entonces del Frente de Todos denunciaron ante la Justicia que las obras no se estaban concretando como corresponde o que directamente los trabajos no se ejecutaban, pese a que se percibían los fondos.

A raíz de esa denuncia, la Procuraduría Investigaciones Administrativas (PIA) determinó que fallaron los controles de los funcionarios Nacionales, que no se cumplimentaron todos los requisitos para los llamados a licitación y, lo más grave, que se habrían fraguado certificados de obra para seguir recibiendo fondos pese a que las labores no estaban concluidas.

El informe de la PIA, publicado por el portal infobae.com, señala que "se han vulnerado los principios de publicidad rectores en las licitaciones, en cuanto hace al conocimiento, la concurrencia, y participación de oferentes, posibilitando la competencia y con ello, la existencia de mejores ofertas para la contratación con el Estado”.

La PIA pone la lupa sobre las certificaciones de obra, que según el organismo habrían sido fraguadas con el objeto de poder la Comuna recibir fondos de Nación, pese a que las labores no estaban avanzadas.

“Lo descripto hasta el momento corrobora la mendacidad de las certificaciones de obras efectuadas a los fines de seguir obteniendo fondos provenientes del Estado Nacional, puesto que, para obtener un nuevo desembolso debía rendirse el dinero recibido con anterioridad”, asegura el informe de la Fiscalía, que analizó el convenio y los pagos a pedido del fiscal federal de Campana Sebastián Bringas.

A su vez, apunta a la ausencia de controles por parte de funcionarios Nacionales: "Dicha falta de control no sólo se centra en la rendición de fondos. Tampoco se hicieron valer las obligaciones de cumplir con los plazos, por cuanto el convenio específico establecía el plazo de 12 meses”.

“Como quedó acreditado del estudio de los distintos convenios, tales transferencias dinerarias fueron aprovechadas a los fines de generar beneficios indebidos con el consecuente desfalco a las arcas del Estado Nacional, habida cuenta que fue quien hacía el aporte para solventar las obras y módulos de desarrollo con los cuales se justificó la obtención de las partidas presupuestarias”, agrega el documento.