El exintendente Nicolás Ducoté rompió el silencio y habló por primera vez luego de haber dejado la jefatura comunal sobre las causas por presuntos hechos de corrupción que se le siguen en su contra.
Lo hizo luego de ser indagado por la Justicia Federal de Zárate - Campana, vía Zoom, audiencia que se llevó a cabo en la jornada y se extendió por una hora y media.
“Como es de público conocimiento, hoy declaré ante la justicia para rebatir imputaciones falsas y desmentir declaraciones engañosas que miembros del actual gobierno pilarense hicieron sobre el rol que desempeñé como Intendente de mi querido Pilar”, empezó Ducoté en una serie de mensajes que publicó en su cuenta de Twitter.
Para Ducoté, la citación judicial es una maniobra que busca “tratar de ensuciar” su imagen ante la “falta de propuestas” y de "resultados de gestión” del actual gobierno del Frente de Todos.
“Nosotros en campaña preferimos mostrar lo hecho: nosotros podemos caminar por las calles, hablar con sinceridad con los vecinos, sin engaños, con la frente alta”, expuso el ex titular del Ejecutivo.
En una serie de textos, Ducoté defendió la gestión de su gobierno, enumeró las obras que se concretaron, pero evitó referirse, al menos públicamente, de las acusaciones en concreto.
“No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Los actuales funcionarios tienen dudas sobre dónde encontrar las obras? Que visiten el espacio NIDO de Monterrey, donde cientos de jóvenes se formaron desde 2018 en adelante, incluyendo la primera -y única- camada de programadores. Si les queda tiempo, que visiten las más de 9.000 familias que accedieron a un crédito a tasa cero para refaccionar su hogar. Hicimos más que nadie en la historia de Pilar y lo ratifico. Hicimos de verdad y con transparencia. Algo que no hubo antes de nosotros y que no hay ahora”, continuó el exintendente.
“Todas las falsas denuncias, todas las campañas de difamación, no van a torcer algo sobre lo que estoy convencido: en Pilar es posible hacer política y políticas públicas con transparencia. Con transparencia y de cara a nuestros vecinos”, cerró.
Las causas
Los hechos que investiga la Justicia son tres. Uno tiene que ver con la entrega de microcréditos destinados a familias carenciadas, dineros que se usaban para refacciones en viviendas y debían ser devueltos en 60 cuotas.
Mientras que los otros dos expedientes buscan determinar si hubo irregularidades en el pago de obra pública que no se ejecutó, como el caso de una planta cloacal en Peruzzotti, o una serie de mejoras que se encararon, por 120 millones de pesos, en el barrio Monterrey, de Derqui.
Un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, emitió 3 dictámenes donde, como conclusión, establece que existió un “accionar tendiente a apropiarse indebidamente de los recursos del Estado en forma sistemática, llevada a cabo en tres acuerdos idénticos y prácticamente en forma coetánea” lo que, siempre según la PIA, “permite sostener la idea de un plan puesto en marcha a los fines que se viene sosteniendo, es decir generar beneficios indebidamente a terceros en perjuicio de los fondos administrados”.
En el caso de los microcréditos, la PIA dictaminó que la entrega de esos dineros, que abarcaron a unos 20 mil beneficiarios, se hicieron sin los controles correspondientes y sin toda la documentación respaldatoria.
La otra causa busca determinar si hubo hechos de corrupción en la ejecución de obras en el barrio Monterrey, de Derqui, por un monto original de 145 millones de pesos, que luego quedó en 120 millones.
El plan buscaba renovar calles, luminarias, construir plazas y redes de agua potable y cloacas.
Allí, las obras no se habrían ejecutado en tiempo y forma, pese a que los pagos sí se emitieron.
En tercer lugar, la Justicia investiga el pago por una planta cloacal modular para el barrio Peruzzotti. Al conocer el proyecto, los vecinos del barrio se opusieron a la obra, por cuestiones ambientales, y las labores fueron modificadas.
Sin embargo, según se desprende de los expedientes y la denuncia del Frente de Todos, la Comuna habría pagado por la compra de esa planta pero también por su instalación final (pese a que no se terminó de concretar) poco más de 14 millones de pesos.
“Nada de lo relativo a la planta depuradora que fuera licitada y adjudicada por el Municipio de Pilar de la Provincia de Buenos Aires, fue construido pero sí certificado y cobrado por la empresa adjudicataria”, concluyó la PIA.
Es más, para el Procurador “se han verificado innumerable cantidad de irregularidades, que no tienen su razón en la torpeza, error o ignorancia de lo debido, sino en la clara voluntad de poder llevar a delante la maniobra que permitiría alzarse con elevadas sumas de dinero», reza el documento, que añade que los tres expedientes «conservan el mismo patrón, no solo de personas involucradas, sino en la desviación de recursos a favor de terceros y en perjuicio de la administración nacional que es la que efectuó los aportes”.
Dictámenes de la Procuradoría de Investigaciones Administrativas by Pilar de Todos on Scribd
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