Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de Ley por medio del cual buscan que se incrementen las penas para los que usurpan terrenos.

El objetivo es que los castigos se eleven para evitar que las condenas sean excarcelables, como lo son actualmente, ya que prevén de 6 meses hasta 3 años de prisión.

El texto es impulsado por la Diputada pilarense Adriana Cáceres, divide a las penas según se tomen predios o propiedades particulares o públicas, con un máximo de 8 años de cárcel para quienes cometan ese tipo de delitos.

“La semana pasada se presentó el proyecto, a raíz de los aumentos que está habiendo en la toma de terrenos y también de propiedades, algo que lo advertí en Pilar. En la misma semana donde presenté el proyecto me enteraba de 50 personas queriendo usurpar un terreno en Manuel Alberti, y días antes había sido en La Lonja. Tenemos casos en Manzone, en Derqui, también se replican en toda la provincia de Buenos Aires y a nivel país. El mismo oficialismo está comentando que va a haber un aumento de este delito por la crisis que estamos atravesando y lo cierto es que hoy estamos a hablando de un delito que es excarcelable, donde la pena máxima es de 3 años”, explicó Cáceres en diálogo con el programa Agenda Propia FM, de 105.9.

“Nosotros proponemos elevar la pena de 1 a 6 años para el caso de terrenos y de propiedades privadas. Incrementando la pena para los casos de terrenos y propiedades pertenecientes al Estado, con penas de 2 a 8 años, porque estamos advirtiendo que dentro de las usurpaciones están habiendo casos de tomas de casas sociales, o como es el (plan) Procrear en Córdoba, y tuvimos cerca del municipio, el caso del intento de toma de 300 viviendas de José. C. Paz”, añadió la legisladora.

Cáceres añadió que la propuesta no apunta a criminalizar a aquellas personas que de buena fe adquirieron un predio sin saber que estaba tomado, sino que busca desarticular a “bandas mafiosas” que se dedican a este tipo de hechos delictivos.

“Tienen que quedar claro que detrás de cada usurpación de terrenos y propiedades hay grupos organizados, mafiosos que juegan con la necesidad de la gente. Detrás de estas usurpaciones lo que buscan es hacer negocios a costa de la necesidad que tienen familias de poder acceder un terreno, construir su vivienda propia. Este proyecto lo que busca es ir contra esos grupos organizados, que en algunos casos tienen funcionarios municipales, provinciales punteros y hasta grupos de abogados”, enfatizó Cáceres.

El proyecto va a estar analizándose en Legislación Penal, comisión integrada por la también diputada pilarense Marcela Campagnoli, al tiempo que se están llevando a cabo reuniones virtuales con víctimas de usurpación, además de ampliar la mirada que se tiene sobre la problemática, de índole social.

“A su vez estamos teniendo reuniones con grupos de personas que sufrieron o tuvieron amenazas de usurpaciones, y la idea es poder ver qué otras alternativas complementarias a este proyecto podemos trabajar en conjunto, porque un proyecto en sí mismo no es la solución, tenemos que tener una mirada más integral, incluso social, porque hay una deuda histórica en nuestro país en lo que tiene que ver con la vivienda”, concluyó.