La Diputada Provincial Lucía Portos presentó un proyecto para que edificaciones vinculadas al narcotráfico erigidas en Pilar pasen a manos del Estado.
La legisladora pilarense propuso que el Ejecutivo Nacional “tome acciones judiciales con el fin de decomisar en favor del Estado el edificio destinado a un Centro de Transferencias de Pasajeros y usos afines, ubicado en el kilómetro 46 de la Panamericana Ramal Pilar y vías del Ferrocarril General Belgrano, de supuesto dominio de la sociedad Pilar Bicentenario S.A.
“La compra y demás negocios vinculados están sujetos a una investigación llevada adelante por la Procuración de Narcocriminalidad (PROCUNAR), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), por presunto lavado de activos””, añadió Portos.
El edificio, donde se iba a ubicar la estación férrea “Panamericana” además iba a incluir un complejo de cocheras, cuya estructura quedó a medio terminar.
El titular de Pilar Bicentenario, el empresario pilarense Mateo Corvo Dolcet, fue detenido el año pasado por presunto lavado de dinero del narcotráfico en ese y otros proyectos, y actualmente goza de libertad con una tobillera electrónica.
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La estación y el proyecto de cocheras comenzaron a tomar forma en 2012, cuando Corvo Dolcet firmó un acuerdo con el exintendente Humberto Zúccaro y con quien en ese entonces era el Ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo.
La idea incluía un tren diferencial que iba a unir esa estación, con solo algunas paradas intermedias, con la Ciudad de Buenos Aires. Apuntaba a que usuarios de clase media y media alta dejen sus autos en las cocheras que se pretendían erigir, para ir hasta Capital Federal.
Pero la intención iba más allá: la estación y el complejo de cocheras se complementarían con una mega urbanización cerrada, que incluiría casas, departamentos, cines, teatros, y comercios a apenas 400 metros de la estación, proyecto conocido como Ínsula Urbana.
Portos señaló en el proyecto que “por la gravedad de los hechos, es importante que no se continúe promocionando ventas ni generar contratos comerciales con posibles interesados en el inmueble afectado”.
En el expediente también figura la medida del Honorable Concejo Deliberante de Pilar de suspender la ordenanza que autorizaba la localización del proyecto comercial hasta que el Juzgado Federal de Morón resuelva la situación, iniciativa que adoptó el legislativo el año pasado.
“A partir de la investigación de la causa se podrá determinar si el bien inmueble mencionado se utilizó como instrumento, producto, provecho o efectos vinculados con los ilícitos”, sostuvo la diputada.
Además, cree que “resultaría prudente y necesario que el Estado Nacional se presente como parte querellante en el caso e inicie acciones judiciales para la solicitar el decomiso del inmueble”.
El Código Penal argentino prevé en el artículo 305 especialmente el decomiso de los bienes vinculados al lavado de activos sin necesidad de condena penal, siempre y cuando se configuren ciertos recaudos mencionados en el artículo. En caso de no contar con medios probatorios para cumplir con los requisitos del artículo 305, puede recurrirse al decomiso a través del artículo 23 del Código Penal.
“Nos parece importante que se tomen estas medidas accesorias a la eventual condena, en caso de comprobarse los hechos delictivos, ya que el decomiso tiene como función principal neutralizar el incentivo de ánimo de lucro para cometer este tipo de delitos, por ello se busca recuperar el producto de los delitos o sus ganancias”, finalizó Portos.
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