El Municipio de Pilar adelantó que Provincia pedirá que la Justicia intervenga y allane la granja terapéutica San Camilo, ubicada en Derqui.
Es que tras la denuncia publicada en el libro La Comunidad, del periodista Pablo Galfré, intervino la Comisión Provincial por la Memoria, quien tras recorrer el lugar pidió que se cierre, al señalar que se constataron “torturas y malos tratos” en el lugar.
Pero según contó a Pilar de Todos el titular de la Dirección de Lucha contra las Adicciones, Daniel Agostino, la institución no le abrió las puertas al ente de control que interviene en este tipo de granjas.
“Fiscalización Sanitaria, que depende del Ministerio de Salud de la Provincia, son los que generan las habilitaciones, sanciones o clausuras de las instituciones de salud. El tipo de lugares como San Camilo deben tener la anuencia de Fiscalización para poder funcionar. Pero la información que yo tengo es que la granja terapéutica no permitió el acceso al organismo provincial, por lo que esta pedirá a la Justicia que proceda a allanarla”, expuso Agostino.
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“También sé que hay provincias que están sacando a los chicos que allí hay, como el caso de Santa Fe, y tenemos que seguir trabajando en conjunto con varias áreas, tanto locales como provinciales, con el objetivo de cuidar a los chicos. La situación es gravísima; que un organismo de control tenga que ir a la Justicia, habla de cómo están las cosas”, finalizó el funcionario.
Cierre
Semanas atrás, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) había pedido el cierre de la granja terapéutica, al asegurar que luego de recorrer el lugar “se constató la existencia de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra 60 jóvenes y adultos con padecimiento mental”, además de tomarse conocimiento también de un caso de “abuso sexual contra un adolescente de 14 años”, se informó desde el organismo.
Por otro lado, el 9 de junio pasado, el Dr. Jorge Nocheti, titular de la UFI 4 de Pilar, imputó a Martín Iribarne y a su esposa, Victoria Bonorino, directores y dueños de San Camilo, por el homicidio culposo de Saulo Josías Rojas, un joven que se suicidó en el lugar, en 2015.
Este caso, entre otros, fue denunciado en el libro de Galfré, investigación que disparó la intervención de CPM y la Provincia de Buenos Aires.
