El gremio de la UOCRA, Seccional Pilar, se mantiene en alerta por el freno que impuso la Justicia en la construcción de una de las polémicas termoeléctricas que se erigen en el límite entre Villa Rosa y Matheu.
Es que en APR Energy, aseguran desde ese sindicato, se desempeñan 500 trabajadores que fueron contratados para las labores de construcción de la planta.
Sin embargo, luego de que la Justicia dictara una medida cautelar los trabajos quedaron paralizados.
La Justicia ordenó frenar las obras en una de las termoeléctricas
En diálogo con Pilar de Todos, el titular de UOCRA Pilar, Sebastián Di Fiore, se mostró firme en su postura al asegurar que no permitirá que sus afiliados se queden sin fuente laboral.
“Vamos a actuar y a defender los 500 puestos de trabajo porque no podemos permitir un cierre con esa cantidad de gente”, se plantó Di Fiore al tiempo que agregó que vienen siguiendo de cerca lo que sucede con esos emprendimientos y el conflicto que generó con los vecinos de barrios aledaños por la posibilidad de que las mismas generen contaminación.
“Nos hemos asesorado sobre el funcionamiento de esta termoeléctrica. Trabaja las 24 horas a gas, no a gasoil como varios sostienen. Además va a haber una reserva de gasoil pero será para el caso excepcional en que haya problemas con la presión de gas, por ejemplo. No contaminan”, opinó Di Fiori.
Al mismo tiempo, dijo “entender a los vecinos que están enojados”, pero a la vez insistió con la cantidad de trabajadores que dependen de esa obra para sostener a sus familias y que, hasta el momento, desconocen cuál será su futuro.
“Entiendo que haya vecinos enojados porque hicieron inversiones importantes en sus barrios y quizás ahora sus countries valgan menos. Entiendo esa parte, pero también hay que comprender que tenemos 500 personas trabajando en el lugar y que hay una emergencia energética en el país”, completó el titular de UOCRA Pilar.
La obra de la termoeléctrica APR Energy quedó frenada luego de que en la jornada de ayer, el Juez de Zárate Campana, Adrián González Charvay, hiciera lugar a una medida cautelar pedida por vecinos y ambientalistas para que se detengan las obras hasta tanto se tengan informes que aseveren que los emprendimientos no tendrán consecuencias para los habitantes de la zona.
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