Junto a un grupo de abogados ambientalistas, vecinos de la localidad de Villa Rosa y zonas aledañas - como Matheu- irán a la justicia para intentar frenar la puesta en funcionamiento de las polémicas termoeléctricas.
Para eso ya tienen listo un recurso de amparo que será presentado, estiman a más tardar, la semana que viene.
La intención es que las empresas APR y Araucaria -que según informan imprimirán a la red eléctrica unos 500 mega watts de potencia- no desembarquen en la zona, por los peligros ambientales que representan para los habitantes.
"El reclamo de los vecinos va en aumento porque se está tomando conciencia y crece la alarma entre ellos a medida que van avanzando en la construcción de las termoeléctricas", aseveró el abogado Gustavo Madeira, en diálogo con FM Estudio 2.
A los reclamos ya se están sumando los vecinos de Matheu, quienes este sábado también participarán de una asamblea informativa que se hará en la Ruta 25.
"Este tipo de emprendimientos son altamente contaminantes y no pueden estar conviviendo en zonas urbanas, tienen que estar en lugares apartados", alertó Madeira.
Asimismo enumeró los peligros que significarían la puesta en marcha de las industrias, y que fueron incluidos en la presentación que harán en la Justicia: "Trabajan a base de gas y de diesel para el funcionamiento de las turbinas, en el lugar hay tanques de almacenamiento de diesel que entre ambas empresas, reunen 15 mil metros cúbicos".
"También utilizan agua de las napas, en un lugar en el que el 80% no tiene agua potable y se nutre del Acuífero Puelche; allí las indistrias tienen previsto extraer 5 mil metros cúbicos de agua y luego de un tratamiento preven verterlas al arroyo Burgueño aumentando su caudal y pudiendo provocar inundaciones. Y a eso se le suma la contaminación sonora con ruidos infernales de las turbinas", completó el abogado.
Por otra parte, tanto los vecinos como Madeira se mostraron molestos por el rol del Concejo Deliberante, donde los expedientes fueron aprobados por unanimidad "sin debate alguno".
A esa queja le sumaron otra en la que apuntaron que los certificados de Impacto Ambiental en el OPDS -organismo provincial- deberían haber sido presentados en conjunto ya que las empresas se ubican una al lado de la otra.
"Pero las empresas tramitaron los expedientes de Impacto Ambiental por separado. Al estar una al lado de la otra deberían haberlo hecho en conjunto", se quejó Madeira.
Mientras esperan avanzar en el terreno judicial, este sábado los vecinos se reunirán en la Ruta 25 para mantenerse informados y sumar voluntades a la lucha para frenar la contaminación en la zona.
La semana pasada Pilar de Todos informaba que una de las empresas en construcción, Araucaria, estaba clausurada por parte del OPDS, al no tener declaratoria de impacto ambiental, a la vez que el Concejo, en efecto, aprobó los cambios de zonificación en julio de este año, al convertir terrenos de rurales y complementario club de campo en industrial exclusivo, para que las plantas puedan erigirse.
