Las mediciones que tiene contemplado hacer el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) en las polémicas termoeléctricas, siguen sin poder concretarse.
El OPDS autorizó a la planta APR a que funcione durante 30 días, de 6 de la mañana a 20 horas, con el objeto de hacer controles de emisión de sonido en diferentes franjas horarias.
Los ruidos molestos que generan las usinas de APR y Araucaria, ambas empresas instaladas en Villa Rosa, son fuentes de conflicto desde agosto del año pasado, cuando los motores comenzaron a funcionar.
Pese a que uno de esos operativos se iba a llevar a cabo ayer, este se vio frustrado, según señalaron los vecinos, debido a que no estaban encendidas todas las turbinas de las empresas, ya que debe ser en ese punto cuándo se hace la medición.
“Si los controles se hacen con la mitad de los equipos funcionando, van a dar lógicamente la mitad de ruido que genera”, señalaban los vecinos.
“Hemos asistido a un operativo a llevarse a cabo para realizar mediciones de sonido conjuntas y de ambas empresas. Para acceder a este pedido y a pesar de dejar en claro que bajo ningún concepto estamos de acuerdo en que estas empresas estén operando sin habilitaciones, los vecinos participantes hemos dejado nuestras actividades, contratamos ingenieros y empresa de medición sonora que estén presentes observando las mediciones correspondientes de decibeles emitidos por las mismas. La información que nos dieron es que se harían las mediciones con las 14 turbinas funcionando en simultáneo, pero no fue así, APR sólo operó con 8 de sus 10 turbinas y araucaria con 2 y luego 3 de las 4 totales”, plantearon desde la ONG “1810 Vecinos Unidos por Pilar”, liderada por Raúl Regis.
“Es decir que de un total de 14 turbinas, sólo 11 estaban en condiciones operativas”, agregaron.
Desde la entidad, señalaron que una vez retirado el personal del Municipio y el OPDS, “las máquinas estuvieron prendidas y a máxima potencia hasta altas horas de la madrugada”.
Regis ya le había indicado a Pilar de Todos que más allá de las mediciones la intención es volver a la Justicia e iniciar una causa por daño ambiental.
Si bien ya hubo una similar en 2017 presentada por la ONG Juvevir y Organización de Ambientalistas Autoconvocados, fue rechazada por la Cámara de Apelaciones. No prosperó porque las empresas aún no estaban en funcionamiento.
En ese contexto, Regis expuso que ahora sí están trabajando, pese a que no tienen todas las autorizaciones necesarias, e incluso violando disposiciones de la provincia y el municipio.
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