Avanza el juicio contra los responsables de una comunidad terapéutica de Pilar en la que cuatro personas murieron luego de que el lugar se incendiara.

El hecho sucedió el pasado 22 de febrero de 2022 en la comunidad conocida como «Resiliencia San Fernando» de La Lonja, un centro que prometía brindar asistencia a personas con consumos problemáticos y problemas de salud mental.

Por las muertes fueron imputados seis responsables de la institución que están siendo acusados por los delitos de homicidio, estafa, asociación ilícita y reducción a la servidumbre.

El proceso se inició el pasado 21 de octubre en el Tribunal Oral Criminal N°5 de San Isidro y en ese marco ya han declarado una veintena de testigos. Se espera que la próxima semana inicie la etapa de los alegatos.

Pablo Galfré es periodista y desde hace varios años investiga a estas comunidades y denuncia que muchas de ellas no son lo que prometen sino que se erigen como centros clandestinos de reclusión y de reducción a la servidumbre. Además integra la Unidad de Investigación y Protección de Derechos de la Salud Mental, que se creó recientemente dentro del ámbito de ARDA, Asociación de Reducción de Daños de Argentina y que, como novedad, está debutando en la participación en el juicio contra los responsables de Res.0iliencia San Fernando.

En diálogo con el programa radial Agenda Propia, de FM Estudio 2, Galfré consignó que se llevaron a cabo cuatro audiencias de testigos, entre ellos sobrevivientes del incendio que relataron que tuvieron pesadillas después del episodio; que se agravaron sus problemas de salud mental y de consumo de drogas. También declararon las madres de varias personas que estuvieron internadas en el lugar.

«Hablaron de amenazas, hablaron del horror que vivieron», subrayó Galfré al tiempo que enfatizó que el lugar no contaba con la correspondiente habilitación del Ministerio de Salud, entre otras irregularidades.

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El hecho

El incendio en «Resiliencia San Fernando» comenzó ese 22 de febrero a las diez de la mañana. En ese momento, había en el lugar, una casa quinta de La Lonja, unos 26 internos.

Al momento de desatarse las llamas estaban encerrados y al cuidado «no de un médico, de un psiquiatra, de un psicólogo, de un operador, de una enfermera, sino de otro adicto que poseía las llaves de las rejas», relató Galfré.

Así, 22 personas pudieron salir. Pero cuatro de ellos quedaron atrapados por las llamas.

«De los cuatro que murieron, tres estaban sobremedicados, dormidos en una de las habitaciones. Sus compañeros les gritaban por las rejas desde el patio, porque ya por el incendio no podían ingresar a los pasillos, a las puertas. Pero no reaccionaban. Eran pacientes recién ingresados a los que sobremedicaban para que transiten el síndrome de abstinencia sin molestar», completó el periodista.

Acusación

En el banquillo de los acusados están Alan Emmanuel Cambra Sarife, Eliana Marlin Wawrik, Alejandro Merenzón, Andrés Samsolo, Alejandra Flavia General y Alejandra Machado.

Cambra Sarife era el director de la comunidad, Wawrik se desempeñaba como vicedirectora de la Fundación San Fernando, Merenzón sería el director del lugar, mientras que General y Samsolo eran la psicóloga y psiquiatra del lugar.

Están acusados de homicidio, estafa, asociación ilícita y de reducción a la servidumbre. 

En el juicio además se aborda una causa conexa: la de la muerte de Ezequiel Ibarra quien se ahogó en la pileta de Resiliencia San Fernando. Por ese hecho está acusado de homicidio culposo Ezequiel Cámara, dueño de la comunidad.

«Ezequiel Ibarra era un chico que tenía epilepsia, no era usuario del sistema salud mental, no era usuario de drogas. Su padre lo había internado ya que no podía asistirlo. Un día tuvo una descompensación, cae a la pileta, muere, y diez horas después recién encuentran su cuerpo que estuvo en el agua durante toda la noche», relató el periodista.

 En relación a la acusación por reducción a la servidumbre Galfré destacó la importancia de ese enfoque.  

 «Para nosotros como Asociación Defensora de Derechos Humanos, que venimos denunciando esto desde hace años, es importante porque esto se replica en todas las comunidades habilitadas y no habilitadas y es que los internos estaban reducidos a cosas. Los obligan a levantarse, a preparar el desayuno, a limpiar, cocinar para 50 personas. Trabajar como guardias y a la vez ellos eran sus propios enfermeros, todo disfrazado de trabajo terapéutico. Y además eran sometidos, estaban encerrados, les cortaban el pelo, les sacaban los relojes, les quitaban todo tipo de subjetividad», detalló el periodista quien enfatizó: «Nuestra idea es que además se los condene por reducción a la servidumbre para que esto quede como antecedente para todo el mundo de las comunidades terapéuticas».

«Desde ARDA y desde la Comisión por la Memoria, que también son particulares, damnificados daremos todo para llegar a condenas, pero no para que la gente vaya presa, sino para que algunos vayan presos y además para que el sistema cambie», cerró.