La concejal Analía Leguizamón presentó un proyecto para que el Concejo Deliberante de Pilar declare su apoyo al reclamo económico de las instituciones, profesionales y transportistas que atienden las necesidades de personas con discapacidad.

“A raíz de la cuarentena dispuesta por la pandemia, en la mayoría de los casos obligó a suspender vistas, tratamientos y recreación. Pero también han estado sufriendo un paulatino desequilibrio económico financiero por el aumento de la inflación; los aranceles y honorarios  del sector, y acumulan un 70 % de atraso”, indicó la concejal de Juntos, precandidata a renovar su banca por una de las listas de ese partido.

“A esa situación se le suma el aumento en las tasas municipales que en el caso de transportistas y profesionales con instalaciones edilicias agravan la situación. El deterioro económico en el que se ve inmerso, hace insostenible una situación que, no solo perjudica a los trabajadores del sector, sino que pone en riesgo la atención de las personas con discapacidad para quienes las terapias cotidianas constituyen la diferencia entre una calidad de vida aceptable o sufrimiento cotidiano. Personas que incluso se han visto perjudicadas por el cierre del poder judicial durante el año 2020 que impidió la normalidad de muchos trámites de curatela; el paso previo para algunas obras sociales confirmen las prácticas de rehabilitación y traslados a diferentes centros de salud”, añadió.

El proyecto fue presentado con el acompañamiento de los concejales Jésica Bortule, Flavio "Charo" Álvarez e Inés Ricci, para que sea considerado por el cuerpo y “se atienda una situación económica y financiera que también se hace inviable por retraso en los pagos de las obras sociales”.

“En el caso de Incluir Salud, el programa federal  para pensiones asistenciales o no contributivas, la demora pone al borde de la quiebra a muchos prestadores”, advirtió.

“Esta situación sumada al ‘aumentazo’ de impuestos decidida por el ejecutivo municipal, genera una realidad que hay que visibilizar con todo el apoyo posible, ya que no solo pone en riesgo el trabajo de mucha gente, sino fundamentalmente  lo hace con el derecho al acceso a la salud de las personas.”, cerró Leguizamón.