El Gobierno oficializó este jueves el pedido de nulidad de contratos de concesión de autopistas Acceso Norte y Acceso Oeste, al considerarlos “lesivos al interés general”, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.
El decreto 633/2022 fue adelantado por el presidente Alberto Fernández, quien señaló que “son contratos que, a nuestro juicio, son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios”.
En el extenso decreto declaró “lesivos al interés general, en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad, los decretos” a través de los cuales se aprobaron “los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual de los Contratos de Concesión de Acceso Norte y el Acceso Oeste a la Ciudad de Buenos Aires”, en 2018.
En el artículo N°2, en tanto, se instruyó “a la Dirección Nacional de Vialidad a interponer, por conducto de sus órganos dependientes, la pertinente acción de lesividad con el objeto de obtener la declaración judicial de nulidad de los actos citados” en el apartado anterior.
El objetivo, según anticipó el Presidente, es evitar aumentos en los precios de los peajes, a los que veían como “inevitables” en la situación vigente. El anuncio del presidente se dio en la misma jornada en que el Indec informó que el índice de Precios al Consumidor de agosto llegó al 7%, lo que llevó a la inflación interanual por encima del 78%.
“A nuestro juicio, son contratos absolutamente distorsivos, que generaron daño económico al Estado nacional y a los usuarios. La acción la va a ejercer ante la Justicia Contencioso Administrativa el Ministerio de Obras Públicas”, dijo Fernández.
Hasta el momento, el Acceso Norte está concesionado a la firma Autopistas del Sol (Ausol), mientras que el Acceso Oeste se encuentra en manos del Grupo Concesionario del Oeste (GCO).
Entre los considerandos de la medida, se destacó uno que resume los argumentos del Gobierno. Sostiene que “de ningún modo puede tolerarse la subsistencia de un acto irregular, máxime cuando este genera a favor de un particular un derecho subjetivo en violación al orden público administrativo, que se traduce en un perjuicio económico para el Estado Nacional y para los usuarios”.
El Poder Ejecutivo entiende que la administración anterior validó una “presunta deuda” por parte del Estado nacional de US$ 540 millones con Autopistas del Sol y US$ 272 millones con Grupo Concesionario del Oeste.
Abertis, el grupo español que es accionista mayoritario en ambas empresas, había iniciado un reclamo en el Ciadi, un tribunal internacional de arbitraje del Banco Mundial. La compañía pedía un resarcimiento de hasta US$ 1.135 millones en ese momento.
Como parte de la renegociación de la gestión anterior, Vialidad extendió por decreto la concesión de 2020 hasta 2030, plazo para que Autopistas del Sol pueda recuperar inversiones ya realizadas y no amortizadas. La empresa, a su vez, se comprometió a realizar desembolsos en nuevas obras por $ 7.300 millones.
Aquellas normas tenían por objeto la cancelación de una presunta deuda por un monto por parte del Estado nacional en U$S 813.143.839,52 (U$S 540.522.269,52 para Ausol y U$S 272.621.570 para GCO). Sin embargo, el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis advirtió que Mauricio Macri “otorgó una dolarización al contrato” de las autopistas sin que hubiera “ningún componente que justifique” esa medida, y refirió que “se determinó un ajuste del 8% anual, lo que permitió a ambas empresas tener una rentabilidad extraordinaria”. (DIB)
