La historia de Juan Ibañez es una más de las que se vienen repitiendo en el distrito por el incumplimiento de obras sociales y la burocracia que padecen familias con algún integrante con discapacidad.

Juan tiene 20 años, vive en el barrio Los Cachorros y desde hace tres años que tiene la pensión suspendida.

Su familia, que viene luchando contra esa traba y otras que se van desencadenando, señaló que no puede cobrar el beneficio que le corresponde debido a un error en la confección de su certificado de discapacidad realizado hace 10 años en el Hospital Sanguinetti.

En diálogo con Pilar de Todos, Patricia Suárez, su mamá, relató que cuando Juan cumplió los 18 años, concurrió a renovar ese documento debido a que él ya era mayor de edad, pero hasta el momento siguen figurando en los registros los datos antiguos.

"El primer certificado decía que él no necesitaba ingresar al sistema de curatela - proceso por el cual se designa a una persona que se encarga de asistir a quien padece una discapacidad y, entre otras tareas, cobra la pensión en su
nombre-. desde 2016, que cumplió los 18, no puede cobrar", relató Suárez, pese a que ya cuenta con un nuevo certificado expedido por el Centro Pilares de Esperanza.

Por la suspensión de la pensión, Juan también se quedó sin la cobertura del Programa Federal Incluir Salud (Ex Profe), obra social que brinda cobertura médica a las personas que son titulares de pensiones, pero que al mismo tiempo suele encabezar los rankings de incumplimientos, demoras y complicaciones para sus beneficiarios.

Juan padece de parálisis cerebral. "Él no se comunica. Desde que tenía un año que percibía la pensión y contaba con Profe, pero al cumplir los 18 se la cortaron", completó la mujer quien agregó que ya inició hace tiempo los trámites para rectificar la información y devolverle a su hijo el beneficio que le corresponde.

Sin embargo, los tiempos del sistema nunca son los mismos que los de las necesidades de quienes de él dependen.

Es que a Juan hay que hacerle un cambio de su botón gástrico, por el que se alimenta.

El dispositivo tiene un costo de alrededor de 12 mil pesos, imposible de costear para Patricia, que no trabaja porque está 100% dedicada al cuidado de su hijo y solo cuenta con la ayuda que puede acercarle su familia.

"Mis hermanos y mi hija me ayudan para poder comprarle los pañales, la medicación y todo lo que Juan necesita", agradece Patricia.

Sin silla, sin clases

Patricia también reparó en la necesidad urgente de contar con una silla de ruedas.

La que tenía ya le había quedado chica. Hasta el momento solo logró que le acercaran un cochecito que lo usa como puede, agregándole maderas para que Juan no arrastre sus pies.
Sin embargo, ese cochecito no le es útil para poder enviarlo a clases. Juan asistía a la Escuela 504 de Del Viso, pero al no contar con la silla adecuada, su traslado es inseguro por lo que tuvo que dejar de asistir.

La serie de problemas, agudizados hoy en día por la delicada situación económica, también provocó la reacción de la hermana del joven.

Ella se llama Celeste e hizo uso de las redes sociales, donde publicó una carta con la esperanza de lograr respuestas.

"Quisiera que este pedido llegue al Presidente o a la Gobernadora. Mi hermano necesita una silla de ruedas acorde a su cuerpo y que le vuelvan a pagar su pensión", reza la carta que escribió Celeste.

"Hace 3 años que no la cobra y la necesita para sus cosas - pañales, leche medicamentos. Mi mamá no trabaja y yo soy doméstica. No tenemos papá, hace 4 años la vida fue injusta con nosotros. Por eso pido y tengo la esperanza que alguien del gobierno nos ayude", pidió.