Hacer un trámite en oficinas públicas de Pilar se ha vuelto una odisea para las personas que padecen dificultades auditivas.
Entidades bancarias, dependencias municipales y otras reparticiones suelen no contar con interpretes que dominen el lenguaje de señas, por lo que personas sordas o que padecen distintos grados de hipoacusia solo llegan hasta los mostradores, pero no pueden trasladar sus necesidades ni cumplir con sus diligencias.
Organizados, comparten las mismas inquietudes y es por eso que el martes pasado un grupo de vecinos sordos se acercaron a la Defensoría del Pueblo de Pilar con la intención de romper esas barreras y lograr la tan ansiada accesibiliad.
Allí, entre otras dificultades, varios de ellos resaltaron que tuvieron, por ejemplo, complicaciones en las oficinas de Licencias de Conducir, donde hubo casos en los que no se les renovó la documentación para manejar vehículos.
"En una reunión, nos manifestaron que varios de ellos sufrieron trabas para obtener sus licencias de conducir. Algunos que ya las tienen, están temerosos de que al momento de la renovación, no puedan cumplimentar el trámite y otros marcaron que directamente no les fue otorgada", destacó Juan Pablo Trovatelli, Defensor del Pueblo pilarense.
Desde esa dependencia, señalaron que Licencias defendió las negativas, aunque al mismo tiempo llamaron la atención los casos donde hay similitudes en los que a personas con distintos grados de hipoacusia a algunos se la otorgaron y a otros no.
Lo sucedido en esa área, en donde también hubo dificultades en la comunicación con los encargados de realizar las distintas fases del trámite, fue solo un ejemplo de lo que la comunidad sorda vive a diario.
"Hay una gran barrera al no poder comunicarse con los encargados de hacer los trámites, por lo que ellos se sienten discriminados y con sus derechos vulnerados", apuntó Trovatelli.
El año pasado, el Concejo Deliberante de Pilar sancionó una ordenanza en la que se establecía que en cada oficina administrativa, hospitales, centros educativos y en las oficinas municipales se exija la presencia de al menos un empleado capacitado en lenguaje de señas.
Ese texto también exigía la obligatoriedad de la presencia de un traductor.
"El objetivo de esa ordenanza era interesante, pero en principio incumplible, ya que elevaba el número a unas 250 personas que debían ser contratadas y capacitadas y eso se transformó en una dificultad para la implementación de la iniciativa", remarcó el Ómbudsman local.
Ahora, impulsada por la comunidad sorda llegará un nuevo texto al deliberativo.
En este caso, la idea es que no necesariamente las personas que dominen el lenguaje de señas deben estar de manera permanente en las reparticiones, fundamentalmente en las que dependen de la Comuna.
"Sí buscarán esta vez que al menos el Municipio cuente con un staff de 6 personas que cumplan turnos de 8 horas para poder acudir cuando se los necesite", destacó Trovatelli.
El proyecto, que cuenta con el apoyo y colaboración de la concejal Claudia Zakhem, será tratado el lunes próximo en una reunión de comisión.
"El lunes tienen una reunión en la Comisión de Legislación, los vamos a acompañar y esperamos que así se empiece a solucionar esta deuda que hay para con la comunidad sorda de Pilar", alentó Trovatelli.
