La Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (ADRA) elaboró y publicó un alarmante informe que detalla las muertes por causas dudosas de una veintena de pacientes ocurridas en granjas de rehabilitación y muchas de ellas no fueron investigadas.

El trabajo fue llevado adelante por la recientemente creada Unidad de Investigaciones y Protección de Derechos de la Salud Mental (UIP), que funciona dentro de ADRA y que tiene como objetivo velar por los derechos de los usuarios del sistema de Salud Mental.

El listado, que es el primero que se elabora en la provincia de Buenos Aires, da detalles de cada caso ocurridos entre 2008 y 2023.

Y uno de los datos que se destaca es que de esas 20 muertes, 15 ocurrieron en comunidades que están radicadas en Pilar.

Los decesos se deben a muerte por ahogamiento, incendios, electrocución, e incluso por presunta negligencia a la hora de atender a los pacientes. (Ver informe completo en este link).

El informe se completa con otros dos casos ocurridos en San Martín, uno en Morón y uno en La Plata.

El informe consigna también que dos de los 20 fallecidos no eran usuarios de drogas sino que estaban internados por razones sociales.

«El informe va detallando cómo se van dando muertes y son naturalizadas tanto por el Estado como por la Justicia, y cada una de ellas debería ser investigada», resaltó Pablo Galfré, periodista, investigador y miembro de ADRA en una entrevista que concedió al programa radial Agenda Propia de FM Estudio 2 (105.9).

El trabajo de investigación afirma que las 20 muertes ocurrieron en un total de 9 comunidades terapéuticas, de las cuales cinco terminaron clausuradas.

En el caso de Pilar, algunas de ellas son San Camilo, San Antonio, Reencontrarse, San Ignacio, Resiliencia San Fernando, y Un Día Más, resalta el informe al que tuvo acceso Pilar de Todos.

De hecho, en las últimas semanas fue histórica la condena dictada por la Justicia para los responsables de Resiliencia, una comunidad que funcionaba en la localidad de La Lonja y en la que se desató un incendio que se cobró la vida de cuatro personas.

Según indicó Galfré, en la Provincia de Buenos Aires se está haciendo un trabajo tendiente a la desmanicomialización de los neuropsiquiátricos del Estado, y también un control más abarcativo , pero, resalta el investigador, eso se da solo «en las comunidades habilitadas».

«Se están haciendo cosas, pero esperemos que se terminen, no solo clausurando estos lugares, sino que aumente el presupuesto en salud mental, que debería ser del 10% del presupuesto de salud, y actualmente no alcanza al 3%», cerró Galfré.