Una granja de rehabilitación fue clausurada en las últimas horas luego de que se denunciara que su administrador, Nicolás Perrone, amenazaba a los pacientes internados con un arma de fuego.

Se trata de la Comunidad San Antonio, ubicada en la localidad de Villa Rosa, institución que ya había sido denunciada por tres muertes dudosas y violaciones a los derechos humanos por la Comisión Provincial por la Memoria.

Los familiares de los pacientes contaron la situación que vivían en el centro de rehabilitación lo que derivó en la detención de Perrone.

"Hacía un mes que no podía ver a mi hijo cuando nos enteramos de esto. No dejaban que las familias los visitáramos por supuesta indisciplina. Entonces los chicos acordaron que el primero que pudiera salir iba a avisar lo que estaba pasando", contó a Página/12 María Carriego, madre de Franco, joven de 20 años que pasó siete meses en la comunidad.

La noche del 27 de marzo, Carriego recibió un llamado de la madre de otro interno: "Tenía a mi hijo escondido en el supermercado donde trabaja porque Perrone le había apuntado a la cabeza", recordó la mujer.

En la denuncia presentada esa misma noche en la comisaría de Villa Rosa por la propia familia de Franco, constan los testimonios de él y otros dos chicos, Mariano y Santiago, quienes detallaron que, por la tarde del 27, Perrone apuntó su arma al joven obligándolo a ir "a la esquina a ver si llueve": "Si no vas a la esquina te voy a dar un tiro", denuncian que le dijo. Cuando Franco regresó, el administrador de San Antonio, comunidad que al momento de los hechos tenía cerca de 25 pacientes, volvió a amenazarlo, pero esta vez para que no ingresara al lugar. Fue entonces que el joven decidió refugiarse en el supermercado.

Carriego también denunció que Perrone «disparaba al aire» y que tenía a los chicos «empastillados».

«Le apuntaba para que tomara lo que él decía y después estaba tres o cuatro días tirado, sin poder moverse", dijo Carriego.

En uno de los testimonios incorporados a la causa, un paciente asegura que eran medicados con un cóctel de etumina, nozinan, risperidona y clonazepam.

Además de los testimonios, hay videos en los que se ve a Perrone amenazando con su arma, equipado con chaleco antibalas.

Esos videos llegaron a Pablo Galfré, autor del libro "La Comunidad: Viaje al abismo de una granja de rehabilitación de adictos", quien investiga hace años las muertes en comunidades, varias de ellas en Pilar. 

Galfré notificó la situación a la CPM, que intervino presentando la denuncia en la UFI 3 de Pilar y se ordenó  el allanamiento de la granja. Entre otras cosas, fue secuestrada una Taurus 9 milímetros, proyectiles y el chaleco antibalas. Perrone aún se encuentra detenido y la causa ya fue elevada a juicio.

En el medio, el 7 de abril, la Comisión presentó un habeas corpus colectivo entendiendo que los chicos que habían quedado en la comunidad estaban en riesgo. El pedido fue rechazado por el Juzgado de Garantías Nº 6, a cargo de Nicolás Ceballos, pero el lugar fue finalmente clausurado a instancias del Ministerio de Salud provincial, que dio de baja la habilitación de San Antonio. 

"Muchos de los chicos se fueron con sus familiares, otros se escaparon para salvarse, por lo que es difícil realizar un trabajo articulado para trasladarlos a otros dispositivos", advirtió a este diario Melina Galeano, integrante del equipo de salud mental de la CPM, a cargo de seguir el caso. Según contó, el equipo rastreó la situación de los chicos para elevarla al Ministerio: "Tienen que garantizar el abordaje, ya recibimos respuesta para varias de las situaciones, se comunicaron con las madres y otorgaron turnos en efectores de salud", indicó.