La Corte Suprema de Justicia de la Nación intercedió en las polémicas por las termoeléctricas radicadas en 2017 en Villa Rosa.

En coincidencia con la procuración, dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Federal de San Martín, que suspendía un fallo que frenaba las obras en las termoeléctricas, decisión adoptada por el Juez Federal de Campana Adrián González Charvay.

La apelación a la medida de la Cámara había sido iniciada por vecinos de Villa Rosa, Matheu (Escobar) y agrupaciones ambientales, como Juvevir, que justamente señalaban el potencial daño ecológico que traerían las plantas APR Energy y Araucaria Energy.


Los vecinos apuntan a que las empresas dejen de funcionar y sean relocalizadas en zonas especiales industriales, y no en medio de áreas urbanas y comerciales, como ocurrió, tras un polémico cambio de zonificación aprobado por el Concejo Deliberante la gestión de Cambiemos, en 2016.

Habitantes del área siempre sostuvieron que las termoeléctricas generarían gases potencialmente contaminantes, fruto de la combustión de los motores; harían un uso intensivo del agua del Puelche; generarían ruidos molestos; y representarían un peligro al almacenar millones de litros de combustible.

Si bien el Juzgado de Campana hizo lugar a la petición original de los vecinos, y ordenó el cese de actividades, la Cámara Federal entendió que no existía cuestión susceptible de ser revisada por la justicia, hasta tanto no se expidieran las autoridades de aplicación de la Provincia de Buenos Aires, como el OPDS, el Municipio de Pilar y la Autoridad del Agua.


Sin embargo, la Procuración General de la Nación, sostuvo que la resolución impugnada por la Cámara incurrió en arbitrariedad; no consideró el riesgo al ambiente que podría ocasionar la realización de la obra y la ejecución del proyecto a raíz de las irregularidades que denunció la actora; y omitió considerar que el análisis de los proyectos se realizó en forma individual, sin contemplar el efecto acumulativo que tendrá sobre el medio ambiente la operación simultánea de ambas centrales térmicas, publicó el sitio de Centro de Información Judicial.

Ahora, con los votos de los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, y Horacio Rosatti, la Corte dejó sin efecto la resolución de la Cámara de San Martín, y ordenó un nuevo fallo en base al dictamen de la Procuración, que valoró el posible daño al medio ambiente.

La pelea vecinal en contra de las termoeléctricas se desató en 2017, cuando comenzaron a verse los primeros movimientos en el lugar.

Este año, Araucaria fue clausurada por parte del OPDS y la Comuna por ruidos molestos que emanaba.

El exintendente Nicolás Ducoté siempre defendió a las empresas al señalar que cumplían con "los más altos estándares medioambientales", y les otorgó la habilitación definitiva el año pasado. Al mismo tiempo, que la exgobernadora María Eugenia Vidal también les daba el visto bueno desde provincia.

A principios de año, el intendente Federico Achával se reunía con autoridades provinciales, encuentro donde también estuvo el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, donde se mostró "preocupado" por el funcionamiento de las plantas.